Para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible, la Unión Europea desarrolla y aplica normativa ambiental en diversos ámbitos. A continuación, se profundiza en los pormenores de estas medidas.
Qué es la política medioambiental europea
Hasta el momento, la política medioambiental europea se ha vertebrado en Siete Programas Ambientales. El actual marca nueve objetivos:
- Proteger, conservar y mejorar el capital natural.
- Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica y eficiente en el uso de recursos.
- Proteger a los ciudadanos frente a presiones y riesgos medioambientales para la salud y el bienestar.
- Maximizar los beneficios de la legislación medioambiental.
- Mejorar el conocimiento del medio ambiente para fundamentar las políticas.
- Asegurar inversiones en materia de clima y medioambiente con valoración de los costes medioambientales.
- Integrar mejor la preocupación por el medio ambiente en las actuales y en las nuevas políticas.
- Aumentar la sostenibilidad en las ciudades de la Unión.
- Reforzar la eficacia de la Unión ante los desafíos medioambientales y climáticos a escala internacional.
Históricamente, las raíces de esta política se remontan al Consejo Europeo de París de 1972 y su base jurídica hay que buscarla en los artículos 11, 191 y 193 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, sobre la base de estos principios:
- Prevención.
- Corrección de la contaminación en origen.
- “Quien contamina, paga”.
Conviene indicar que la aplicación de estos principios se ve limitada por:
- La subsidiariedad.
- La unanimidad en el Consejo en los ámbitos fiscales, ordenación territorial, uso del suelo, gestión de los recursos hídricos, elección de las fuentes de energía y estructura del abastecimiento energético.
A su vez, estos principios van actualmente en consonancia con los 17 objetivos que dictó la Organización de Naciones Unidas en septiembre de 2015, con el propósito de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar un desarrollo sostenible, entre otros fines.
Cuál es la normativa de protección ambiental
Las normas de protección ambiental establecen las disposiciones legales necesarias para la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud humana.
Cada país tiene su propio ordenamiento jurídico ambiental, por lo que estas normas pueden variar considerablemente de unos países a otros. Pese a ello, suelen perseguir un mismo objetivo: lograr una eficaz protección del medio ambiente sobre la base de un sistema más sostenible.
En el caso de España, al ser un país miembro de la Unión Europea, se subordina la normativa ambiental en España legislada internamente a la legislación ambiental aprobada por las instituciones comunitarias.
Las normas de protección ambiental se pueden clasificar en:
- Leyes. Establecen las disposiciones de carácter general que regulan los ámbitos del medio ambiente. Se pueden desarrollar a través de los reglamentos.
- Reglamentos. Son normas jurídicas de rango inferior a la ley dictadas por el órgano que tiene la potestad reglamentaria.
- Reales Decretos. Mediante estas disposiciones legales, se determinan los reglamentos de desarrollo de las leyes estatales. Se aprueban en el Consejo de Ministros.
- Órdenes Ministeriales. Son las disposiciones legales que establece cada Ministerio en función de la materia que está legislando.
- Órdenes autonómicas. Son disposiciones legales emitidas por los consejeros de las comunidades autónomas.
- Disposiciones reglamentarias locales. Pueden adoptar diferentes formas, ya sea como planes de urbanismo, ordenanzas o reglamentos. De todos modos, siempre regulan temas que son competencia del ayuntamiento.
En cuanto a las normas ambientales europeas, versan sobre diferentes materias, todas ellas enfocados de una u otra forma en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la economía circular y sostenible. Estas leyes regulan diferentes ámbitos y se encuentran en continuo crecimiento y evolución, por lo que se hace difícil hacer una síntesis global.
Conviene destacar que la Unión Europea tiene potestad legislativa para obligar a los Estados miembros a cumplir sus directivas y reglamentos.
En caso de que un Estado hubiese incumplido cualquier precepto de la normativa de protección ambiental aplicable, la figura procedente es el recurso por incumplimiento. Es un instrumento jurídico que facilita un diálogo entre el Estado reclamado y la Comisión Europea. Solo se admite cuando se han puesto de manifiesto las dificultades para la implementación de la norma ambiental y los problemas de los sistemas nacionales para cumplir dichas obligaciones.
Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien debe declarar si ha habido incumplimiento de la normativa ambiental. Para ello, tiene que llevar a cabo una interpretación de la norma, no solo en interés del Estado enjuiciado, sino de todos los Estados miembros.
Si se produce una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia, el Estado queda obligado a adoptar cualquier medida necesaria para poner fin a dicho incumplimiento. Esto implica la revisión de toda la actuación estatal con vistas a planificar una adecuada implementación de la normativa ambiental.
Si la sentencia no se ejecuta adecuadamente, se puede interponer un nuevo recurso por incumplimiento, en este caso, de la sentencia previa del Tribunal. Es decir, el caso se vuelve a someter al Tribunal de Justicia, que evaluará si se han adoptado las medidas pertinentes para el cumplimiento de su pronunciamiento.
Llegado el caso, el Tribunal de Justicia podrá imponer al Estado el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva. Las cantidades establecidas por el Tribunal se constituyen, de esta forma, en la principal medida disuasoria para el incumplimiento, no solo de las decisiones de este órgano judicial, sino de la normativa ambiental europea.
